La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que la decisión del Gobierno de retirar a la República del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “poco contribuye a la credibilidad internacional de Venezuela y al fortalecimiento de nuestra ya golpeada economía”.
“La soberanía nacional y del pueblo venezolano, no se defiende con acciones de este tipo, sino con políticas que estimulen al capital nacional y extranjero con vistas a contribuir al desarrollo nacional”, aseguró la alianza democrática en un comunicado que emitió este jueves.
Y acotaron en el documento: “El gobierno nacional es consciente que el daño que se origina para Venezuela, no tiene lugar en el CIADI, sino en las innumerables expropiaciones que no han cumplido con las disposiciones constitucionales y legales y que comprometerán el futuro de generaciones al tener que dedicar recursos del país en pagos que pudieran haberse usado para atender las crecientes demandas de la población”.
Para finalizar, aseguraron que medidas como esta son una grave señal a la comunidad internacional e incrementan la inseguridad jurídica en el país: “Así pues, sólo inversiones de dudosa procedencia y de carácter especulativo tendrían interés en traer capitales a un país que no garantiza instancias internacionales para solventar sus diferencias”.
Comunicado
El retiro de Venezuela del CIADI: una decisión que afecta a los venezolanos
La decisión del gobierno de retirar a la República del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones(CIADI), principal institución de arbitraje internacional especializada en la solución de controversias inversionista-Estado y en el cual se ventilan 21 casos que involucran a la República como demandada, casi todos ellos correspondientes al actual período de gestión gubernamental, poco contribuye a la credibilidad internacional de Venezuela y al fortalecimiento de nuestra ya golpeada economía.
Una vez más se pretende ocultar la incompetencia gerencial y el desconocimiento del funcionamiento de los sistemas económicos, financieros y legales internacionales, recurriendo a un anacrónico patrioterismo disfrazado de una supuesta defensa de nuestra soberanía. La inversión extranjera es un requisito para el desarrollo, pues ella contribuye a la producción de bienes y servicios de última generación; a la modernización del país y a la sustitución de importaciones. También fomenta la transferencia de tecnología y la integración regional al estimular la creación de industrias complementarias para la exportación. Y lo más importante: la inversión extranjera crea empleo formal y productivo asegurando tanto ocupaciones y salarios dignos como seguridad social para la fuerza laboral nacional.
La denuncia del CIADI, del cual forman parte más de 147 países, también afecta los intereses de las inversiones públicas y privadas venezolanas en el exterior, al suprimir una instancia arbitral reconocida mundialmente. El gobierno nacional es consciente que el daño que se origina para Venezuela, no tiene lugar en el CIADI, sino en las innumerables expropiaciones que no han cumplido con las disposiciones constitucionales y legales y que comprometerán el futuro de generaciones al tener que dedicar recursos del país en pagos que pudieran haberse usado para atender las crecientes demandas de la población.
Medidas como esta son una grave señal a la comunidad internacional y lo que consiguen es incrementar la inseguridad jurídica que ha ahuyentado las inversiones extranjeras del país en la última década; acrecentar el “riesgo país” el cual, más que cifras, es una cuestión de percepción de confianza en la economía y la seguridad jurídica. Así pues, sólo inversiones de dudosa procedencia y de carácter especulativo tendrían interés en traer capitales a un país que no garantiza instancias internacionales para solventar sus diferencias. La soberanía nacional y del pueblo venezolano, no se defiende con acciones de este tipo, sino con políticas que estimulen al capital nacional y extranjero con vistas a contribuir al desarrollo nacional.
Caracas, 26 de enero de 2012
